Desde hace un tiempo nuestros primos del otro lado del charco tienen en vilo un debate acerca de la permisividad o la dureza de aplicar todo el peso de la ley contra infractores de tránsito. Se ha hablado de penas de cárcel, masivas quitas de puntos a la licencia de conducir (recordemos en España se usa el sistema de "puntaje), fuertes multas económicas y toda la parafernalia de amenazas, campañas, radares o sin radares, radares puestos en lugares inconvenientes, etc. En suma, los que vivimos en América más o menos estamos al tanto del problema, ya que los gobiernos municipales y estatales en Latinoamérica están en la misma frecuencia que sus contrapartes españolas. Sigo y seguiré insistiendo: sólo unos pocos tienen conciencia del problema; aquellos que no buscan una medida recaudatoria, sino que tratan de legislar bien.
Autopista on Line nos trae un interesante informe acerca de un magistrado del Tribunal Supremo español, donde se intenta encuadrar dentro del Código Penal ciertas infracciones
mayores de tránsito. Al mismo tiempo, que se clarifique cual es el límite para que sea delito y se propone, por ejemplo, el manejo con influencias de alcohol a más de 200 km/h. ¿O acaso es lo mismo manejar a 110 km/h con un vaso de vino encima, que manejar a 220 km/h con una botella de escocés encima?. En Latinoamérica no tenemos clarificado cual es el límite de delito y sería bueno que se estudiara un poco que es lo que está pasando en materia de legislación en España.
Por supuesto, sólo con educación vial desde la niñez se alecciona a la gente sobre las conductas en el manejo y no con leyes represivas o de carcel. No queremos "entes recaudadores", queremos que los que se encargan de planificar, legislar y promulgar, que sepan qué es lo que están haciendo en beneficio de la comunidad, y no en beneficio del bolsillo del municipio de turno.
La foto del post lo ilustra muy gráficamente: un oficial del ejército(??) confeccionando a un automovilista un acta de infracción en California, Estados Unidos...sin palabras.
